“Emigramos abandonando nuestro país por diversos motivos, desde la guerra, el hambre y la miseria hasta el ansia de libertad, las ganas de aventura , de probarnos a nosotros mismos, de escapar del estancamiento laboral , de la explotación , o simplemente por ganas de una vida diferente porque al fin de todo ya estamos aquí….. Es un sueño y se busca allí donde se encuentre”.

- Testimonio anónimo de un inmigrante "latino"

Introducción a un debate
La inmigración se ha convertido en una de las cuestiones centrales del debate público en la mayoría de las sociedades desarrolladas. A las viejas pero siempre actuales discusiones éticas sobre la legitimidad de los Estados para imponer barreras a la libertad de circulación de las personas se han sumado en los últimos tiempos las derivadas de los impactos sociales, políticos, económicos y culturales de los flujos migratorios. En este contexto se produce una singular paradoja: Por un lado, los países industrializados reconocen la necesidad de importar mano de obra ante el envejecimiento de la población, la falta de oferta nativa para desempeñar determinadas actividades laborales y un si fin más de necesidades. Por otro, en esos mismos Estados se producen determinadas reacciones y corrientes hostiles hacia la inmigración que se contempla como una amenaza para la estabilidad y la identidad de las sociedades anfitrionas. En consecuencia, los gobiernos responden a los flujos migratorios con una mezcla de restricciones de los legales y amnistías de los ilegales. Esta esquizofrenia maximiza los costes derivados de la inmigración sin aprovechar los beneficios que ésta podría proporcionar.

En la práctica, el fracaso de las estrategias gubernamentales para abordar el tema de la inmigración es una prueba más de los nefastos resultados derivados de los intentos de sustituir el mercado por la planificación. La política hacia el fenómeno migratorio vigente en el grueso de la OCDE constituye una clamorosa expresión de un “fallo de Estado” que, como sucede casi siempre, intenta resolver los problemas con una apelación a la fuente que los produce: una injerencia estatal creciente en el libre funcionamiento de las fuerzas de la oferta y de la demanda. Este planteamiento no significa que el Estado no tenga que desempeñar papel alguno en la ordenación de los movimientos migratorios pero sí implica que el marco regulatorio vigente en la mayoría de las economías avanzadas es ineficiente y produce resultados distintos a los buscados, en concreto, un estallido de la inmigración ilegal que es la respuesta de mercado a una política inadecuada.

Sin embargo, el mundo del post 11-S con la internacionalización del terrorismo y el rebrote de movimientos xenófobos con notable éxito electoral en buena parte de los Estados desarrollados plantea un dilema a la mayoría de los gobiernos democráticos: ¿Cómo conseguir capturar los potenciales beneficios derivados de la inmigración sin incurrir en unos costes políticos prohibitivos? La respuesta a ese interrogante sólo puede proceder del diseño de un marco teórico coherente que suministre el arsenal necesario para desmantelar los principales argumentos anti inmigración que constituyen mitos sin base intelectual y empírica. Esta es una tarea esencial si se aspira a construir políticas sensatas sobre la cuestión y evitar respuestas basadas en las emociones del momento o en las presiones de grupos de interés minoritarios. De lo contrario se generará un problema de enormes dimensiones con consecuencias potencialmente explosivas.

Nuestra hipótesis es que las leyes de migración existentes en la mayoría de los países industrializados penalizan la importación de mano de obra foránea en una vía que es dañina para ellos mismos. Las políticas diseñadas en este campo son contrarias a los deseos de los ciudadanos y de las empresas. Producen efectos indeseados y con mucha frecuencia perversos. En ellas se sintetizan buena parte de los argumentos tradicionales de la “antieconomía” y también dosis profundas de planteamientos contrarios a los fundamentos de una sociedad abierta. Como en el caso del proteccionismo, la legislación sobre la inmigración perjudica a todos. Constituye un clásico juego de suma negativa.

¿Reducir la oposición a la Inmigración? Un breve apunte
Los argumentos económicos son necesarios pero no suficientes para suavizar las fuertes restricciones legales a la inmigración y la oposición a ella existente en extensos sectores de la opinión pública. Los inmigrantes y los nativos a menudo sienten sentimientos encontrados en sus relaciones de convivencia. Los primeros quieren sentirse en casa pero también mantener, con distinta intensidad, sus valores y su cultura. Los segundos aspiran a integrar a los inmigrantes sin alterar los fundamentos del orden social. Este dilema se plantea con mayor intensidad en Europa que en los EE.UU. América tiene una larga experiencia en hacer coexistir culturas diferentes. Europa carece de ella y además se enfrenta a una poderosa corriente migratoria procedente de un mundo muy distinto al suyo, como lo es el Islam, que es percibido en muchos ámbitos como una amenaza, que se siente de manera más intensa desde los acontecimientos del 11-S.

Las restricciones a la inmigración son inútiles y no van a lograr detener las corrientes migratorias. Ahora bien parece obvio que los habitantes de cualquier país se horrorizan ante la idea de que una masiva ola de extranjeros les “invada”, por temor a que un día queden convertidos en una minoría dentro de su propio territorio y/o a que minorías externas cohesionadas, con fuertes incentivos para la acción colectiva puedan alterar el habitat institucional y cultural de la nación vendiendo sus votos a quienes les concedan determinados privilegios. Guste o no, esos temores existen y son alimentados desde muy distintas esferas de la opinión pública.

¿Qué valores morales y normas de comportamiento deben exigirse que la gente respete en una sociedad abierta? La respuesta es muy sencilla: Los principios del Estado de Derecho. Los inmigrantes han de aceptar las reglas de la comunidad en la cual desean entrar como invitados o como socios. Esto supone respetar las leyes y los valores de las sociedades de acogida. Los “extranjeros” no pueden recibir trato discriminatorio alguno ni a favor ni en contra. Sus costumbres, sus valores, sus tradiciones han de ser permitidas siempre y cuando se ejerzan en la esfera privada y no violen la legalidad vigente. En nombre de la protección del derecho a la libertad de expresión y de religión no se puede tolerar la incitación a la violencia de un imán como no se tolera la de cualquier otro individuo sea nativo o extranjero. La propensión a delinquir de los inmigrantes no es superior a la de los nativos y, por tanto, no se elimina con leyes más restrictivas si no mediante la aplicación de la ley.

Ese marco de referencia se ve erosionado por la actitud de los propios gobiernos, en especial de los europeos, que no tienen una tradición similar a la del “melting pot” norteamericano y practican una política equivocada con un impacto potencial explosivo. Por un lado levantan barreras elevadas a la inmigración legal; por otro suelen conceder a los inmigrantes de culturas foráneas un plus de derechos en función de su pertenencia a una minoría étnica, cultural o religiosa. Esta infección multiculturalista es la causa de uno de los peores subproductos derivados de los flujos migratorios procedentes de algunas áreas, en concreto, de la sanción legal del “sistemas de tribu”, de ghettos, de separaciones culturales desintegradoras, no integradoras. Esta es la fuente principal de las tensiones generadas por determinados huéspedes en las sociedades anfitrionas, el freno más poderoso a su asimilación y un factor determinante de la hostilidad hacia la inmigración existente en algunas zonas de Europa. Los derechos de ciudadanía son la esencia de una sociedad abierta y si se reformulan en “derechos de ciudadanías” (plurales y separadas), aquella se rompe y se subdivide en sociedades cerradas.

En un esquema de multiculturalismo legalmente sancionado pueden surgir graves problemas porque la segunda generación de inmigrantes tiene serias dificultades para definir su papel en esa misma sociedad que ha aceptado, incorporado y sancionado la diversidad cultural. Esto tiende a generar un clima de hostilidad y de alineación entre huéspedes y anfitriones con connotaciones explosivas. Los hijos de los inmigrantes, a diferencia de sus padres, tendrán serias dificultades para contemplar la sociedad de acogida como la Tierra Prometida. De esta forma, sus demandas de reconocimiento normativo de sus peculiaridades se convierten en un elemento de exclusión, en un obstáculo para su integración. Esto afecta no sólo a las comunidades musulmanas, sino a todas aquellas que tienen elementos diferenciales de su mundo autárquico. Muchas familias turcas viven en Alemania desde hace 30 años. Ni ellos ni sus hijos hablan alemán.

En Dinamarca y en el Reino Unido no puede obligarse a los inmigrantes a tomar lecciones obligatorias de inglés o danés. Esto encierra a los inmigrantes en una trampa de pobreza y exclusión.

A modo de epílogo
La dinámica impuesta por la globalización lleva inevitablemente a una mayor movilidad internacional del factor trabajo.

Esto exige replantearse las políticas de inmigración existentes en la mayoría de los países industrializados que se ven desbordadas por la realidad. Guste o es imposible y además indeseable restringir las corrientes migratorias. Ahora bien es posible y deseable mitigar los efectos menos favorables de los flujos migratorios derivados de la ilegalidad o de su potencial impacto negativo sobre las sociedades anfitrionas si se produce una sustancial liberalización de las medidas reguladoras de la inmigración que reduzca los costes de la legalidad y fomente la integración.

El mejor juez de las necesidades económicas es el mercado que es también el instrumento más eficaz para casar la oferta y la demanda de mano de obra foránea.

Los burócratas son incapaces de saber cuanta inmigración necesita un país como no saben cuántos coches hay que producir. Pero en democracia, los gobiernos no pueden imponer sus deseos, por loables que sean, ante la oposición de los ciudadanos.

La inmigración es siempre un “trade off” en el que es necesario intentar equilibrar en una ecuación sensata los inmensos beneficios que puede proporcionar a “todos”, exportadores e importadores de fuerza laboral, con sus potenciales costes.

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