El concepto de justicia ambiental nació en los Estados Unidos en la época de los ochentas cuando un estudio demostró que 3 de cada 4 depósitos de desechos peligrosos se localizaba en comunidades de afroamericanas. En 1987, el primer estudio de “racismo ambiental” encontró que la composición racial del vecindario era el mejor predictor de donde se ubicaría un depósito de substancias tóxicas en EEUU, más allá de otras variables medidas como ingreso, valor de la propiedad y proximidad a los mercados (Goldman, 1996). En los noventas diversos estudios demostraron que minorías raciales y poblaciones de bajos ingresos estaban desproporcionadamente expuestas a plomo, contaminantes atmosféricos, sitios contaminados, contaminación por agua y pesticidas. Sin embargo, sólo hasta 1993 el gobierno de EEUU estableció el Consejo de Justicia Ambiental.

Una definición amplia de discriminación ambiental se plantea como sigue:

El principio de equidad ambiental, por el contrario, implica que los problemas ambientales no están desproporcionadamente concentrados en comunidades pobres o de color, o más ampliamente dicho en comunidades sin poder económico, político o social (Bryant and Mohai, 1992 citado por Lake 1996).

Ejemplos de injusticia ambiental en casa
En Santiago de Chile, pese a una serie de medidas de control implementadas en los gobiernos democráticos, la contaminación de aire sigue siendo un problema grave. La cuidad es una de las más contaminadas en el mundo. Cifuentes (1998) aplicando un estudio en la capital encontró que personas con nivel educacional más bajo y de menores ingresos sufren mayor incidencia de problemas respiratorios atribuibles a la contaminación. Esto puede estar ligado al tipo de trabajos que ejecutan, que les hace estar más expuestos al aire poluto. También, la contaminación intradomiciliaria es otro factor que juega a favor de este cuadro.

La política ambiental no considera los aspectos sociales que causan estas diferencias de impactos en la población. Además, el plan de descontaminación de Santiago tiene un costo aproximado de 1.5 billones de dólares. Cifuentes (1998) destaca como este costoso plan de abatimiento toma recursos de otros programas sociales. Eso quiere decir que los pobres sufren más de los problemas de contaminación atmosférica y que la implementación de medidas de control ambiental restan dineros para programas de educación, salud y otras mejoras que podrían ir en beneficio de estos grupos. El Instituto de Ecología Política señala que además las comunas pobres de Santiago concentran mayor número de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento.

Otro emblemático ejemplo de injusticia ambiental en Chile es el caso de la Central Hidroeléctrica Ralco, donde la población Mapuche se vio forzada a abandonar sus tierras ancestrales luego de un conflicto de casi 9 años. La compensación económica por el reasentamiento trajo beneficios dudosos para la comunidad, ya que no siempre existe un nexo directo entre mayores ingresos y bienestar. Las mujeres de la comunidad argumentan que el aumento de dinero ha generado mas alcoholismo entre los hombres, que el dinero se ha ido rápidamente, y que la nueva forma de agricultura intensiva no ha resuelto sus problemas del diario vivir. En algunos casos el dinero ha causado conflicto al interior de la propia comunidad.

Aylwin (2002) refiriendo más ampliamente a la problemática del pueblo mapuche, declara que el mayor desafió para el estado chileno esta en su capacidad para comprender y aceptar los componentes inmateriales de la demanda territorial mapuche, demanda asociada a la creación de instancias de participación y/o control de sus comunidades, dependiendo de las condiciones, en la gestión de los procesos políticos, económicos, culturales que en ellos ocurran. (Aylwin, 2002).

Un tercer ejemplo de discriminación ambiental es el caso de los trabajadores temporeros agrícolas. Altieri (1999) señala que los efectos de pesticidas en humanos no son monitoreados apropiadamente en Chile, a pesar de la evidencia de efecto en los trabajadores temporeros del sector exportador frutícola chileno. Un estudio de la Comisión Nacional Campesina demostró que un alto porcentaje de los trabajadores campesinos (83%) aplicaba pesticidas altamente peligrosos sin protección, reportando dolores de estomago y cabeza. Algunos de los efectos incluyen daños crónicos e irreversibles, como deformaciones genéticas e infertilidad. Muchos trabajadores son obligados a trabajar mientras aviones esparcen pesticidas en los campos. Además estos obreros campesinos son pobremente pagados, no poseen contratos y por supuesto carecen de seguros médicos.

Los tres ejemplos presentados evidencias el concepto de injusticia ambiental por cuanto personas de bajo ingreso económico y/o perteneciente a grupos indígenas son mayormente afectados por problemas de tipo ambientales.

Movimiento ambiental en Chile y la justicia ambiental
El retorno de la democracia en Chile es el punto de partida para la incorporación del activismo ambiental con connotaciones políticas (Carruter, 2001). Desde 1990 los gobiernos democráticos han impulsado gradualmente el “tema ambiental” en la agenda pública. Sin embargo, la requerida consolidación del sistema democrático como la necesidad de crecimiento económico son argumentos recurridamente usados para no dar pasos más importantes en temas ambientales.

La Democracia y la Ley de Medio Ambiente creada en 1994 han abierto un espacio político, reducido por cierto, para la participación y sin duda las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han jugado un rol importante promoviendo la participación pública. Sin embargo, las nuevas instituciones y procedimientos ambientales siguen exhibiendo connotaciones elitistas (Vergara, 2003). Carrurters (2001) destaca como el estado chileno es permeable a sectores de poder, como la iglesia, las fuerzas armadas, el sector empresarial, mientras que censura a otros grupos.

Aldunate (2001) menciona que el movimiento ambiental chileno no puede ser definido en una clasificación única. Las organizaciones verdes en el país son heterogéneas con diversos objetivos, desde conservacionistas, ambientalistas, y otras mas radicales auto llamadas ecologistas. No obstante, Marcel Claude declara que el movimiento ambiental chileno presenta dinamismo he innovación, pero permanece asentado en una sociedad civil débil y atomizada y que ha fallado en su accionar pues no es capaz de reconocer que el modelo económico es el causante del deterioro ambiental. Algunas organizaciones abordan injusticias ambientales pero en general lo “ambiental” se sitúa separado de lo “humano".

Conclusiones
Más allá de las especificidades técnicas el tema ambiental tiene connotaciones políticas. Para que el tema ambiental sea abordado de manera equitativa, las sociedades deben estar lo suficientemente informadas y fortalecidas para demandar mejor calidad de vida. En ese sentido se requiere que el movimiento ambiental en Chile incluya consideraciones sociales de una manera más dinámica que la actual.

La respuesta a las injusticias ambientales en el ámbito académico ha sido la Ecología Política como nueva disciplina de estudio de las ciencias sociales. Ella se centra en problemas de inequidad y acceso a los recursos en las propias comunidades, ligadas a conflictos e injusticias ambientales.

Probablemente, la crítica de la academia tradicional sobre ésta nueva área de estudio sea pertinente en el sentido que no existe claridad respecto de la metodología propuesta ni de las soluciones planteadas. No obstante, junto con otros disciplinas, es una respuesta y forma de expresar una preocupación sobre las implicancias ambientales y sociales de un modelo y forma de resolver los problemas, que hasta ahora no logra ser sustentable.

Jaroz (2004) incita a una la ecología política más radical en el ámbito académico y a ubicar el debate ético acerca de las injusticias ambientales en las aulas. A mi juicio en las ciencias sociales radica grandemente el debate ético respecto a como comunidades mas desposeídas son injustamente afectadas por la degradación ambiental. Sin embargo, para lograr un cambio social apropiado me parece que este debate debe extenderse a otras disciplinas de estudio. En mi opinión, gran parte de las injusticias ambientales, como también la raíz de la degradación del medio ambiente se debe a la ausencia de un debate profundo en las aulas respecto de la ética ambiental. El tema ambiental es complejo, físico y palpable, técnico, político, filosófico, pero sobretodo valórico.

A nivel universitario, las cerca de 40 carreras con apellido “ambiental” en Chile son la respuesta a una demanda temática. También, esta tendencia se da en el contexto la necesidad de ampliar la oferta curricular por parte de las universidades. Sea cual sea su origen, las nuevas carreras están centradas en contenidos técnicos y organizativos, que no siempre se ajustan a las necesidades de una sociedad en transición. Las carreras ambientales en Chile carecen de énfasis y análisis en la misión de éstos profesionales como estrategas y gestores de cambio.

Mi apreciación es que el ámbito universitario en Chile ha dejado de lado el debate ético respecto a las justicias ambientales. Por eso se requiere un debate genuino dentro de la comunidad académica, así como también al interior de las organizaciones sociales, para analizar una ética normativa respecto de justicia ambiental, sustentabilidad ecológica y derechos humanos.

Notas explicativas
(1) Traducción del original: “…Discrimination in environmental policymaking… the enforcement of regulation and laws…in the deliberate targeting certain communities (by racial composition, ethnicity, social class) for toxic waste disposal and setting of polluting industries… in the official sanctioning of the life-threatening presence of poisons and pollutants….” Adapted from Chavis, 1993.

Referencias Bibliográficas
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AYLWIN, José. (2002). Política Publicas y Pueblos Indígenas: El caso de la Política de Tierras del Estado Chileno y el Pueblo Mapuche. Trabajo elaborado en el marco del proyecto Mapu Territorialidad del Instituto de Desarrollo Indígena de la Universidad de la Frontera.
CIFUENTES, L., VEGA, J., LAVE, L. (1999) “Daily mortality by cause and socio-economic status in Santiago, Chile”, Epidemiology 10(4): 65.
CIFUENTES, L. (2000). Air Pollution and Daily Mortality in Santiago: Current Results and Policy Implications. Presentation in International Seminar on Health Effects of Air Pollutants. Santiago, 31 May 2000.
GOLDMAN, Benjamin (1996). What is the future of environmental justice? Antipode 28:2, pp. 122-141.
JOHNSTON, Barbara (1994). Chapter II: Environmental Degradation in Johnston B. (Ed) Who pays the price? The Sociocultural Context of Environmental Crisis. Island Press.
IEPE( 2001). Contaminación Atmosférica en Santiago e Implicancias de este fenómeno. Instituto de Ecología Política de Chile.
LAKKE, Robert (1996). Volunteers, NIMBYs, and Environmental Justice: Dilemmas of Democratic Practice. Antipode 28:3, 1996, pp. 160-174.
PULIDO, Laura (1996). A critical Review of the Methodology of Environmental Racism Research. Antipode 28:2, 1996, pp. 142-159.

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