Chile, económicamente uno de los países mejor situado en América Latina, con un paisaje maravilloso, con poetas como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, vivió diecisiete años de dictadura donde muchos que no estuvieron de acuerdo con el régimen se vieron obligados a emigrar, y los que no pudieron o se resistieron, fueron desaparecidos, torturados y/o asesinados. Este hecho, por más años que hayan transcurrido y recobrado, hace catorce la democracia, no ha sido olvidado por aquellas víctimas y ciudadanos afectados por la dictadura de Augusto Pinochet. Empero, poco o nada se hizo para esclarecer lo acaecido e identificar a los autores de tales violaciones, si bien se contó con el informe Rettig, que permitió que algunos responsables de las desapariciones forzadas fueran juzgados, no fue lo suficientemente efectivo porque aún faltaban investigaciones sobre hechos como la tortura, se observa claramente un descuido por parte de las autoridades a reconocer lo sucedido. Mientras tanto las víctimas sentían impotencia al ver que nadie era responsable de lo sucedido, porque bajo normas de dicha época se había asegurado la inmunidad del máximo líder bajo la figura de “Senador vitalicio”, pero no se daban por vencidos, y seguían clamando justicia lamentablemente sin la suficiente atención de las autoridades, con la esperanza de algún día lograr llevar ante un tribunal a los responsables que tanto daño y dolor les habían causado, un dolor que permanecía y permanece con ellos todos los días de sus vidas, ya sea por la desaparición de un ser querido o por la tortura sufrida. Son heridas que probablemente lleguen a cicatrizar. pero jamás llegaran a borrarse.

En un Estado democrático corresponde al Estado salvaguardar los derechos humanos, Chile retorno a la democracia en 1989, empero aún el Sr. Augusto Pinochet y muchos otros no han sido llevados al banquillo de los acusados, entonces cabe preguntarse, ¿qué pasó?, ¿es que no hubo violación a los derechos humanos durante la dictadura?, o ¿es que el derecho interno no fue lo suficientemente efectivo?. Lamentablemente en el ámbito internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos no era competente por cuanto Chile recién el 21 de agosto de 1990 aceptó la competencia contenciosa de la Corte, por tanto sólo podía conocer de hechos sucedidos posteriormente a la ratificación de la Convención que se dio en la misma fecha. Del mismo modo la vigencia de la Corte Penal Internacional ha sido posterior a los hechos.

Ante tal desesperanza en el año 2001, bajo el amparo de la jurisdicción universal y gracias a iniciativa de un juez español, Baltasar Garzón, se abría una pequeña ventana para poder juzgar a Pinochet, quien en ese momento se encontraba en Inglaterra, adujo enfermedad y médicos que no eran forenses como debía de ser, señalaron que padecía demencia senil, motivo por el cual lograba escabullir de la justicia y aparentemente enfermo sale en silla de ruedas de Inglaterra y en suelo chileno bajó airoso del avión, sin silla de ruedas ni bastón, actitud que produjo indignación en el mundo entero e impotencia por no poder hacer nada frente a semejante burla.

En Chile a día de hoy, transcurrido treinta y un años del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973 por parte del general Augusto Pinochet, es evidente y no queda duda alguna, conforme se tiene del Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, que durante la dictadura constituyó una política de Estado la violación sistemática de los derechos humanos, este hecho, mucho antes del Informe, ha sido de conocimiento público, tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo las instituciones y los políticos se empeñaron en negar tal situación o simplemente sus actuaciones no fueron lo suficientemente efectivas. Tal es así que transcurrido tantos años las víctimas no conocen los nombres de aquellos que cometieron dichas violaciones, ni que los responsables de tales actos hayan reconocido el daño causado, menos la aclaración sobre las imputaciones falsas a seres humanos para hacer pasar por delincuentes. Obviamente quienes han sufrido en carne propia las consecuencias de la dictadura no han encontrado paz en estos años, vieron que era casi imposible alcanzar justicia tanto a nivel nacional como internacional. Una justicia que probablemente se traducía para las víctimas no necesariamente en una indemnización económica, sino en investigar, identificar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas, de las ejecuciones y de las torturas, en averiguar el paradero de los desaparecidos, y el reconocimiento por parte de las autoridades de lo sucedido, asumiendo y enfrentándose ante tal realidad.

No hay peor cosa para la víctimas que ignorar los hechos y seguir haciéndose de la vista gorda y pretender una sociedad en armonía y tranquilidad, como si nada hubiera pasado o como si las cuentas estaban saldadas y las heridas borradas por el transcurso del tiempo, nada más lejos de la verdad, porque una sociedad democrática no se puede construir debidamente sobre sufrimientos, olvidos de violaciones, desprecios y resentimientos.

Así, con el nombramiento de la Comisión se retomaba aquella investigación pendiente, de manera responsable y decidida, encaminada a buscar la verdad por más dolorosa y espantosa que ella fuera. El año 2004 tiene un especial significado en la vida de Chile, porque por primera vez en un informe de más de 1,300 páginas, La Comisión nombrada por el gobierno chileno presentaba los hechos macabros sucedidos durante la dictadura, demostrando la existencia de una política institucional de violación de los derechos humanos, consagrados y protegidos en instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos tanto a nivel universal como regional.

Corresponde ahora a la justicia chilena un trabajo arduo y minucioso para encontrar y sancionar a los responsables, y mejor aún si se empieza con juzgar a quien fuera cabeza de tan repugnante política durante su gobierno. Ya en el año 2001 escapó de ser juzgado arguyendo enfermedad, esperemos que no vuelva a burlarse otra vez de la justicia, hay indicios de que está vez será diferente porque ya el juez Guzmán, por segunda vez intenta sentar en el banquillo de los acusados cuando el 13 de diciembre del presente año procesó a Pinochet como autor de un homicidio calificado y nueve secuestros en “la operación Cóndor” y ordenó el arresto domiciliario por considerar que está en condiciones mentales de afrontar un juicio, en tanto la defensa de Pinochet interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones por considerar, paradójicamente, un abuso contra los derechos humanos procesar a alguien que no tiene posibilidad de defenderse por motivos de salud, amparo que el día 20 del presente fue resuelto y negado por la Corte de Apelaciones que señaló que dicho recurso no corresponde por cuanto el juez cumplió con el debido proceso al encauzarlo y dictar su detención, ésta resolución fue apelada por la defensa a la Sala Penal de la Suprema quien será la encargada de resolver el caso, ya en el 2002 en el caso “Caravana de la Muerte” el máximo tribunal sobreseyó el caso definitivamente. La demencia senil que le salvó de de ser juzgado a nivel nacional en aquel entonces, así como en el ámbito internacional cuando al amparo de la jurisdicción universal se le pretendió juzgar, al parecer está vez, por fin, no dará resultados positivos.

Esperemos que las víctimas y los defensores de los derechos humanos sigan adelante hasta lograr se haga justicia, recordando el dicho “la justicia tarda pero llega”. Ello constituiría un gran ejemplo en América Latina y una esperanza para el país vecino, Perú, que aguarda el momento de ver responder ante la justicia a otro dictador, Fujimori por la violación a los derechos humanos durante su gobierno, como bien quedó establecido en el informe presentado por la Comisión de la Verdad en agosto del 2003.

Ahora sólo queda esperar que el Estado asuma con responsabilidad su obligación frente a las víctimas, e intente buscar, en la medida de posible, los mecanismos adecuados para reparar tanto dolor causado. Además no hay que olvidar que constituye una obligación moral el brindarles todo el apoyo que éstos necesitan y hacer que recobren la confianza en las autoridades luego de tantos años de sentirse abandonadas.

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