Con la definición de una agenda política y la configuración de un plan de acción y un nuevo consejo regional, culminó la III Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Trans y Gays (ILGA-LAC, la propuesta es cambiar a ILTGA-LAC), donde los activistas gays, lesbianas y trans lograron reforzar sus estrategias de lucha política conjunta, en el marco global de la defensa y promoción de la justicia social y los derechos humanos, decididos a poner más énfasis en la salvaguarda de los derechos económicos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos.

Esta III Conferencia Regional de ILGA-LAC tuvo lugar en Santiago de Chile, del 13 al 17 de setiembre. Los primeros días de trabajo se desarrollaron en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y los dos últimos en la casa que fuera de Violeta Parra. Asistieron activistas de diversas organizaciones de lesbianas, gays y trans de Honduras, Nicaragua, Cuba, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Chile.

El nuevo consejo regional quedó constituido por Patria Jiménez, activista lesbiana, promotora del Claustro de Sor Juana en México; Bellisa Andía, activista trans de la Asociación Runa de Perú; y Alberto de Jesús, activista gay de Brasil.

De la misma manera, fueron elegidos las y los consejeros regionales de ILTGA-LAC para cada una de las seis subregiones: una lesbiana, un (a) trans y un gay de Perú-Ecuador-Colombia-Bolivia; Chile-Argentina; Cuba-Venezuela; Brasil; Nicaragua-Honduras-otros país centroamericanos; y México.

Los debates fueron animados por el tema central: “Homosexualidades, Globalización y Movimientos Sociales en América Latina”. A continuación, las principales conclusiones:

Agenda política y derechos humanos
Se plantearon “definir ejes de articulación política transversales al quehacer de nuestros movimientos, que permitan potenciar regionalmente la promoción de los derechos LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y transgénero), incluyendo nuestras particularidades culturales, étnicas, económicas y sociales”. En tal sentido, decidieron “implementar mecanismos que permitan articular y sumar esfuerzos con otros actores y procesos sociales, políticos y culturales de la región, evitando la práctica estancada del corporativismo”. Así, afianzar la “participación en foros sociales mundiales de las diversas homosexualidades” y el “renovar alianzas históricas con los movimientos feministas”.

En las misma perspectiva, se comprometieron a “definir una agenda de trabajo y de incidencia política mínima para la región, con una postura crítica donde se contemplen temas como el de los fundamentalismos, el TLC (Tratado de Libre Comercio), la resolución de Brasil (para que la ONU precise que la orientación sexual y la identidad de género son derechos humanos), los derechos humanos, el impacto de la globalización en nuestras comunidades, etc.”. Se trata de situaciones que vulneran o “afectan directamente el ejercicio de los derechos ciudadanos de personas LGTB”.

Resolvieron que, en nuestros países latinoamericanos, es clave “la promoción y defensa del estado laico”, que incluya una “perspectiva de diversidad sexual e identidad de género”, “estrategias frente a las iglesias y otras instituciones fundamentalistas”, y “luchar contra todas las formas de intolerancia en la región”.

Políticas de inclusión
Las y los activistas que dan vida a los movimientos LGBT en América Latina y el Caribe tienen muy en claro la necesidad de incentivar políticas de inclusión. Consideraron oportuno “implementar políticas de género (incluidas las masculinidades) y de orientación sexual transversales”, las cuales deber ser apoyadas “con la formación de políticas públicas”. Paralelamente, alertaron sobre la pertinencia de “incluir y considerar los puntos de vista de los
grupos de lesbianas feministas en desacuerdo con proyectos de ley que refuercen pautas de heteronormatividad” (reglas impuestas por la dominación masculina o la eterna dictadura del patriarcado aún en nuestros días).

Más en concreto, indicaron la importancia de “implementar acciones que visibilicen e incentiven las plataformas de los movimientos sociales y políticos y el trabajo de jóvenes LGBT, mujeres lesbianas y trans, solidarizando ambas agendas”. En esta perspectiva, sugirieron “implementar registros públicos de participación de jóvenes LGBT, lesbianas y trans que especifiquen niveles y formas de participación”. Se trata de encontrar y promover formas de participación que permitan “favorecer el empoderamiento de las personas jóvenes LGBT, trans y lesbianas en niveles de formación y participación”, por ejemplo en sindicatos y partidos políticos. Aquí resulta clave la inclusión de temas específicos que afectan a estos grupos en todas las agendas de trabajo de ILGA-LAC: violencia, concepción asistida, reasignación de sexo, salud mental, tercera edad, estudios de género y diversidad sexual, mujeres encarceladas, discapacitados, indígenas y afrodescendientes, patria-potestad de mujeres lesbianas y trans, etc.

En el mismo terreno, se plantearon “promover y apoyar denuncias a nivel internacional de (casos específicos que vulneren o violen) los derechos ciudadanos de la comunidad GLBT”. Esto tiene mucha relación con la urgencia de “implementar y mantener un archivo que registre las violencias perpetradas contra los derechos humanos de las personas trans”, en el marco de una lucha frontal contra la impunidad, “asegurando la continuidad del seguimiento de dichos casos” y exigiendo se haga justicia.

En la procura de protección y mejores condiciones de vida para las personas trans, es necesario “implementar acciones y campañas para que en los documentos legales se priorice la identidad de género en vez del sexo de la persona”.

De otro lado, resultó muy oportuno que los y las activistas latinoamericanos se propongan ampliar la perspectiva del trabajo de ILGA-LAC en relación al VIH-SIDA y luchar mejor de manera integral por la salud como un derecho humano, poniendo énfasis en la salud sexual, la salud reproductiva y la salud mental, enfocándose en los problemas específicos de las comunidades GLTB, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

A la par, exigieron “aplicar un lenguaje inclusivo y no estigmatizante que visibilice todas y cada una de las identidades sexuales y de género” (romper con el uso, por ejemplo, de “HSH” o “población en riesgo”, etc.).

Por una incidencia política más efectiva y eficaz
En la medida que los y las activistas LGBT de Latinoamérica son conscientes de la urgencia de promover legislaciones antidiscriminatorias y acciones afirmativas, y de la necesidad de trabajar por una incidencia política más eficaz en cada uno de nuestros países, se propusieron “aplicar, elaborar campañas y hacer manifiestos estos criterios en los programas, políticas y servicios de salud pública para que se realicen campañas equitativas y focalizadas que incluyan derechos étnicos, sociales, económicos y culturales”. En esta propuesta, sindicaron como clave a la evaluación. Por ello, es necesario “implementar un informe diagnóstico de situación de la salud de la población LGBT” con el fin de “proveer de información técnica necesaria a los organismos responsables de salud pública”. Del mismo modo, resulta apropiado “fiscalizar los criterios respecto de la asignación presupuestaria por parte de los gobiernos y estados en cuanto a estos temas”, y “tomar acción directa respecto a los problemas de acceso a la salud derivados de los tratados de libre comercio y el ALCA”. Por tanto, “ante respuestas adversas de los organismos responsables de salud pública, ILGA-LAC apoyará las acciones jurídicas ante organismos, locales, nacionales e internacionales”.

En aras de lograr mayor participación LGBT y una incidencia política más efectiva y eficaz que generen cambios positivos en nuestras sociedades, reforzaron su compromiso de “promover y proteger la ciudadanía y los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales (hombres y mujeres) y de las personas en estado de prostitución”. Es un deber ético y cívico promover su dignidad, su ciudadanía y mejores condiciones de vida.

En el mismo plano, acordaron “apoyar los activismos de jóvenes LGBT en los diferentes espacios, particularmente en la universidades”, lo cual demanda “fortalecer las agrupaciones de activistas LGBT jóvenes”, “articular redes y alianzas con grupos juveniles LGBT, y otras agrupaciones sociales”, y “promover el trabajo de transferencias del activismo histórico al activismo juvenil actual (recuperar la memoria histórica del movimiento en los ámbitos local, regional e internacional)”.

Frente a este gran desafío resulta vital “promover el entrenamiento y la retroalimentación de los activistas LGBT jóvenes en relación a una incidencia política LGBT eficaz y efectiva en pro de la justicia social y los derechos humanos en su amplio sentido (derechos políticos, económicos, sociales, culturales, sexuales, reproductivos), y en el marco de la perspectiva crítica actual de los derechos humanos”. En este marco, se comprometieron a realizar campañas en contra de la impunidad de casos crímenes de odio por homofobia, lesbofobia y transfobia, para lo cual es fundamental efectuar denuncias y hacer seguimiento de las mismas en procura de justicia.

Plantón frente al Ministerio de Educación
El 16 de septiembre 2004 más de treintas activistas gays, lesbianas y transexuales que vienen participando en la III Conferencia Regional de la ILGALAC (Asociación Internacional de Lesbianas y Gays de América Latina y el Caribe), se solidarizaron con los dos jóvenes estudiantes de secundaria que fueron expulsados de su colegio (Liceo Metropolitano) por causa de su orientación sexual. Frente al Ministerio de Educación de Chile se dejaron escuchar consignas reivindicativas como “sin demora, igualdad ahora”, “sí, lesbianas, travestís, transexuales marchamos todos juntos por derechos universales”, “atención, basta ya de represión de la Santa Inquisición, “basta ya de las sotanas persiguiendo a las lesbianas”, “que salgan las lesbianas detrás de las ventanas” y “detrás de los balcones se esconden maricones”.

Una comitiva de activistas de ILGALAC se acercó a dialogar con autoridades del Ministerio de Educación, a efectos de expresar su preocupación respecto a situaciones de discriminación por orientación sexual, como este caso concreto de dos estudiantes adolescentes, víctimas del heterosexismo, la organización patriarcal y el prejuicio social que reprime el libre ejercicio de la sexualidad de las personas. El activista argentino, Marcelo Ferreyra, quien fue parte de la comitiva, manifestó que las autoridades del Ministerio de Educación les dijeron que estaban preocupados por este caso y les comentaron las gestiones y declaraciones que estaban haciendo a favor de los estudiantes. Ello, en la medida que dentro de tres meses finaliza el año escolar en Chile y los expulsado podrían perder el curso 2004. En su “Declaración Pública”, como ILGALAC, manifestaron “su más absoluto rechazo a la expulsión de dos estudiantes que por causa de su orientación sexual han sido injustamente sancionados”.

“Este acto –afirman- se enmarca en las más condenable violación a los Derechos Humanos, el derecho a la educación y a la libre orientación sexual de las personas”. A su vez, los activistas LGT hicieron un urgente llamado a la ciudadanía a movilizarse, emulando el solidario ejemplo de las y los estudiantes que se han expresado masivamente en rechazo a la injusta medida contra sus compañeros, a través de un paro estudiantil solidario. Señalan, además, que “en pos del desarrollo de las sociedades y su crecimiento en igualdad, las organizaciones lésbicas, de personas transexuales y gays que se encuentran participando de esta actividad regional, rechazamos cualquier forma de discriminación y de persecución orientados a las personas por manifestar sus afectos”.

El 9 de setiembre último, dos jóvenes estudiantes, acusados de mantener relaciones sexuales en el baño, fueron expulsados del colegio dirigido por José Molina, quien ha acusado a los estudiantes de “conducta inmoral”, dejando entrever que eso está comprobado. Sin embargo, los involucrados y sus familiares niegan los hechos aludidos. Del director Molina depende la creación de una comisión evaluadora del caso que, finalmente, lograría la reincorporación de los chicos. Del 13 al 17 de setiembre, viene realizándose la III Conferencia Regional de ILGALAC, cuyo tema central de trabajo es “Homosexualidades, Globalización y Movimientos Sociales en América Latina”, y reflexionan sobre temas específicos como derechos humanos, DESC, VIH-Sida, mujeres, trans y globalización.

 

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